Visitas: 366Lunes 11 de Junio de 2018

Primera condena por PAE 2016 de Santander que contrató la Gobernación de Dídier Tavera por $35.700 millones.

La representante legal de Suramericana de Inversiones, Luisa Fernanda Flórez Rincón, fue condenada a 42 meses de prisión.

Así lo reveló el director seccional de Fiscalía, Carlos Javier González Sarmiento, en rueda de prensa al explicar que la procesada hizo un acuerdo reconociendo su responsabilidad.

Esta decisión se dio tras la entrega de Germán Trujillo Manrique, representante legal de Suramericana de Inversiones, y quien en audiencias concentradas en Bucaramanga aceptó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, falsedad ideológica en documento público y falsedad ideológica en documento privado, todos en calidad de determinador.

Este delincuente recibió el beneficio de detención domiciliaria tras devolver 2.283 millones 650 mil pesos "monto correspondiente al peculado cometido dentro del contrato suscrito entre la Gobernación - a través de la Secretaría de Educación- con la cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones", como lo informó en su momento el ente acusador.

Esa cifra equivale a menos del 6,4% del valor total del contrato que fue de $35.700 millones, incluyendo dos adiciones que Tavera Amado autorizó muy a pesar de las quejas que rectores, profesores, padres de familia y estudiantes presentaron en los medios y ante la Administración Departamental por las deficiencias e incumplimientos en el suministro de las raciones y no pagos a proveedores y manipuladoras, deudas que a la fecha aún están sin cancelar.

"Con estos actos de corrupción fueron afectados 125.000 niños de 84 municipios de Santander", afirmó la Fiscalía en un comunicado de prensa.

Si bien la la entidad tasó el peculado en $2.283 millones 650 mil, el propio fiscal Néstor Humberto Martínez había advertido en rueda de prensa en Bucaramanga que el daño patrimonial podría ser muy superior ya que el ente acusador detiene su investigación cuando hay suficiente material probatorio.

El cálculo del detrimento económico le correspondía hacerlo a la Contraloría, dijo en su momento el funcionario. Por competencia, la investigación fiscal debe adelantarla el contralor de Santander, Diego Fran Ariza, amigo personal del gobernador Tavera Amado, pero hasta ahora no se han visto resultados en la auditoría al Programa de Alimentación Escolar.

Entre tanto, continúan privados de la libertad la exsecretaria de Educación del Departamento, Ana de Dios Tarazona; el excoordinador del PAE, Aníbal González Sánchez; y el interventor Fernando Medina Monsalve.

Y pese a todas las irregularidades cometidas por Suramericana de Inversiones en este contrato, la Gobernación de Tavera Amado volvió a premiarlo con la adjudicación de una nueva licitación para el Programa de Alimentación Escolar 2017 por $32 mil millones en febrero de ese año.

La contratación del PAE 2018 también ha sido cuestionado por presuntas irregularidades ya que uno de los proponentes denunció falseades del consorcio que a la postre le fue adjudicada la licitación.

La ejecución del contrato ha sido puesta en entredicho por estudiantes, padres de familia y rectores debido a la mala calidad de los alimentos. La queja más reciente provenía del municipio de El Playón.

Foto: Archivo / Ecolecuá