Visitas: 166Lunes 08 de Marzo de 2021

Tribunal Superior de Bucaramanga dejó sin efectos arresto de cinco días contra dos alcaldes y cinco funcionarios más en Santander.

Había sido ordenado por el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga con función de control de garantías por supuesto incumplimiento de una acción de tutela del 17 de mayo de 2017 de la Corte Constitucional.
Tal medida judicial obligó a varias acciones a quiene en ese año ejercían como mandatarios locales de Puerto Wilches y Rionegro, personeros de ambos municipios, secretarios generales de la CAS y la Cdmb y titular de la Defensoría del Pueblo en Santander, pero los amonestados fueron los actuales funcionarios, es decir, sus sucesores.
El 17 de mayo de 2017, la máxima corporación concedió el amparo a los derechos fundamentales al agua, al ambiente sano, a la seguridad alimentaria, a la vida en condiciones dignas y al trabajo a las familias que conforman la asociación Asocañogrande a raíz de daños ambientales provocados por hacendados en límites de Puerto Wilches y Rionegro.
El Tribunal Superior de Bucaramanga falló a favor de los servidores públicos la acción de tutela que promovieron por la presunta violación de sus derechos al debido proceso, la defensa, el acceso a la administración de justicia, la honra y buen nombre y la libertad.
La nueva decisión, fechada el 25 de febrero pasado, pero conocida hasta este lunes, favorece a la exdefensora Regional del Pueblo, Luz Doriana Orozco Henao; y a los actuales secretarios generales de la Cdmb y la CAS, Luis Alberto Flórez y Carlos Ernesto Reyes Monsalve; alcaldes de Puerto Wilches y de Rionegro, Jairo Toquica Aguilar y Rubén Darío Villabona Pérez; y personeros de ambos municipios, Rafael Alberto Centeno Aldana y Josué Camacho Ortiz, respectivamente.
Contra ellos, el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Bucaramanga había ordenado el arresto domiciliario de 5 días, el 5 de febrero pasado, privación de la libertad que ya se hizo efectiva.
El conflicto jurídico se relaciona con la deforestación, construcción de jarillones, desvío de cauces de agua y desecación de fuentes hídricas cometidas, al parecer, por hacendados en la zona en la que se extiende la hacienda La Yaruma, en jurisdicción de los municipios de Puerto Wilches y Rionegro, especialmente en la región Salinas.
Según los magistrados Luis Jaime González Ardila, Susana Quiroz Hernández y Guillermo Ángel Ramírez Espinosa del Tribunal Superior de Bucaramanga, la declaratoria de desacato de la tutela de la Corte Constitucional y consecuente orden de arresto contra los siete funcionarios "contiene un defecto fáctico por falta de valoración subjetiva".
"Simplemente se enunció que los funcionarios sancionados no han dado cabal cumplimiento al fallo constitucional, sin que expusiera, siquiera brevemente, motivos certeros que dieran cuenta de su actitud dolosa o negligente; en cambio, reconoció que han dado cumplimiento parcial a las órdenes que la Corte Constitucional profirió en la sentencia T-325 de 2017".
Por tal motivo, dejó sin efectos el trámite del incidente del supuesto incumplimiento de la tutela puesto que "la Juez no contó con apoyo probatorio suficiente para edificar la situación de desacato y, de esa manera, sustentar en esa medida su decisión, como quiera que enunció la falta de cumplimiento de los aquí accionantes, pero no examinó si tal inobservancia se debió a dolo o negligencia; por el contrario, aceptó que por problemas presupuestales y logísticos sólo han podido acatar la sentencia de manera parcial".
Advirtió el Tribunal Superior de Bucaramanga que su decisión no afeca el cumplimiento de la tutela fallada por la Corte Constitucional el 17 de mayo de 2017 y en cambio conmina a la Juez Séptima Penal Municipal de Bucaramanga a proferir órdenes adicionales para lograr el pleno cumplimiento de lo previamente ordenado a la CAS, la Cdmb, las alcaldías de Puerto Wilches y Rionegro y la Defensoría del Pueblo en Santander.
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