Visitas: 220Lunes 08 de Julio de 2019

Dos contratos en el Concejo de Bucaramanga ponen en aprietos al procurador regional de Santander, Yamil Eduardo Álvarez Castro.

Fueron suscritos por la hija del funcionario, Danna Marcela Álvarez Prada, el 1 de abril y el 6 de junio pasado con el presidente de la Corporación, Wilson Mora Cadena.

Los reparos obedecen a que Álvarez Castro tiene dentro de sus funciones “conocer en primera instancia, salvo que la competencia esté asignada a otra dependencia de la Procuraduría, los procesos disciplinarios que se adelanten contra (…) concejales de las capitales de departamento (…)”.

Es decir, el Procurador Regional de Santander es el juez disciplinario natural de los concejales de Bucaramanga.

Así lo establece el artículo 71, numeral 1, inciso c del Decreto Ley 262 de 2000, que modifica la estructura y organización de la Procuraduría General de la Nación y establece su régimen de competencias interno.

Danna Marcela Álvarez Prada, hija del Procurador Regional de Santander, firmó el Contrato 091 de 2019 el 1 de abril de 2019 con el presidente del Concejo, Wilson Mora Cadena, por un total de 3 millones de pesos y con una duración de 2 meses.

El objeto era “apoyo a la gestión en actividades administrativas relacionadas con las funciones propias de la Oficina Jurídica del Concejo Municipal”.

También suscribió el Contrato 117 de 2019 el 6 de junio pasado con Mora Cadena por un total de 10 millones 633 mil pesos y con una duración de 4 meses y 25 días, es decir, hasta el 31 de octubre próximo, cuando deja de tener vigencia la ley de garantías.

En este caso, el objeto es "prestar servicios profesionales como abogada brindando acompañamiento y asesoría en los diferentes procesos jurídicos y administrativos de la Oficina Jurídica del Concejo Municipal”.

Estos contratos fueron cuestionados por el alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández Suárez, en su Facebook Live del domingo último.

En su alocución dijo que Danna Marcela Álvarez “es hija del Procurador que investiga al Concejo y (a) ese lo ponen de mandadero para que me aprieten allá en la Procuraduría. Eso sí me gustaría que el señor procurador (Fernando Carrillo) que quiere disque acabar con corrupción, lo bueno sería que le pusiera muela a esto y destituyeran al Procurador que se presta para eso, recomendando a la hija. ¿Y cómo la recomienda? Métanme la hija que yo no los investigo a ustedes y apreto a Rodolfo” (sic.).

Agregó el Mandatario Municipal que “esto es una sinvergüencería, un matrimonio perverso entre los concejales y la Procuraduría para taparles a ellos y apretar a quienes ellos quieren poner de rodillas. No me les arrodillo por más de que metan la familia de todos los procuradores (…) Eso para mí es un delito. Imagínense. Comprando al investigador”.

Según el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), Yamil Eduardo Álvarez Castro se vinculó a la Procuraduría General de la Nación como abogado asesor el 7 de febrero de 1995.

Un año después fue señalado por el exprocurador delegado ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Jesús Emilio Gómez, de falsedad en documento público, favoritismo en concursos de carrera administrativa y violación de normas sobre nombramientos en provisionalidad en cargos de carrera al interior de la Procuraduría, señalamiento que también recayó en la entonces jefe Álvarez Castro, Luz Elena Córdova, para entonces secretaria general del Ministerio Público.

Por hacer esta denuncia, Jesús Emilio Gómez fue declarado insubsistente, según lo aseguró él al diario El Tiempo.

Por estos hechos la Fiscalía había iniciado una investigación de la que no se conoce su resultado.

Foto: Suministrada / Ecolecuá