Visitas: 219Miercoles 03 de Octubre de 2018

Se quiebra el "pacto social" de habitantes de Soto Norte con Minesa.

El respaldo de la comunidad del páramo de Santurbán, una de las principales fortalezas que ostentaba la multinacional árabe en su proceso de megaminería, empezó a desmoronarse.

La protesta que en la madrugada de este martes inició un grupo de unos 120 pequeños mineros y habitantes de California sacó a flote un descontento que tal parece se ha extendido a otros municipios como Suratá y Vetas, pero desde orillas distintas y por otras causas.

"Queremos una consulta popular, decirle NO a la megaminería, SÍ a la minería artesanal", fue la arenga que se escuchó de los manifestantes que desde las 3:00 de la madrugada se concentraron en el sitio La Tronadora, donde se tomaron la vía que conduce al campamento La Higuera, de Minesa.

El GPS

Desde que Minesa llegó a Soto Norte, decidió manejar sus relaciones con las autoridades locales y con la comunidad en una instancia de concertación que llamó el Gran Pacto Social por Soto Norte.

Mientras se planificaba el desarrollo y el futuro económico, laboral y productivo del territorio con el GPS, como así es conocido, la empresa empezó a ofrecer asistencialismo social y el patrocinio de actividades culturales, recreativas y deportivas.

Así mostraba un rostro más local al proyecto del grupo empresarial Mubadala Development Company, del gobierno de Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos.

Incluso llegó a remplazar al Estado en algunas obras públicas y sociales como el mejoramiento de escuelas, construcción de placahuellas, la pavimentación de vías, la financiación de estudios superiores de jóvenes de la región, capacitaciones a niños, jóvenes y adultos mayores, programas para la mujer y acompañamiento a emprendimientos.

Pero ahí empezó una de las fracturas del relacionamiento social de Minesa porque empezó a entenderse más con los alcaldes que con las comunidades, expresó en Ecolecuá el excandidato a la Alcaldía de Vetas, Hernan Bautista Moreno.

Y en el caso del GPS, el principal bastión que tenía la multinacional árabe, las cosas van de mal en peor.

Su director, Fabio Maldonado, reveló a Ecolecuá que se sienten “cansados y engañados” por Minesa.

En los últimos 10 días, hicieron una evaluación del Plan Social que presentó esta empresa a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), que forma parte del trámite de licenciamiento del proyecto de megaminería, y encontraron que “no se ve reflejado el proceso que venimos construyendo desde marzo de 2016”.

Dijo que no se sentían identificados con los 22 programas allí propuestos y que no coinciden con los 12 ya concertados en el GPS.

“Minesa ha incumplido porque hicimos una revisión del plan que pasó a la ANLA y si bien tiene previsto invertir 500.000 millones de pesos en California, Vetas y Suratá, la mayor parte para evaluación y seguimiento, es decir, para contratar empresas para que les hagan seguimiento, para capacitaciones, no para invertir en la gente”, se quejó.

El galafardeo

Sin duda, la protesta de este martes, liderada por Freddy Suárez García y Wendy Salamanca, sacó a flote lo que desde diferentes rincones del páramo de Santurbán estaba por emerger aunque por motivos distintos.

Al tiempo que Suárez García arreciaba sus críticas contra el GPS, por no sentirse representados ni identificados con el proceso que llevaban, Maldonado los señaló de estar promoviendo la minería ilegal en un municipio que tiene un desempleo entre 800 a 1.000 personas ya que no hay actividad explotación minera ni de Eco Oro ni de Minesa.

“La gente que protesta son mineros ilegales, galafardos. Ellos están haciendo actividad en las minas que tenía Eco Oro”, dijo el Director del Gran Pacto Social.

Recordó que de los 120 pequeños títulos mineros que tenían los californianos solo quedan menos de una docena porque los fueron vendiendo a las grandes mineras.

Greystar, que fue adquirida por Eco Oro, y AUX, absorbida por Minesa “adquirieron casi la totalidad de los pequeños títulos mineros que generaban entre 15 y 20 empleos. Con esa adquisición se fueron desmmontando las empresas sin que se ofreciera una alternativa de empleo”, explicó Maldonado.

En Vetas la desocupación es más dramática: son alrededor de 3.500 personas desempleadas, que les daban sustento al 90% de las familias de este municipio.

“A Vetas lo mató la línea de páramo porque dejó cerca del 70% del territorio dentro de esta área protegida”, precisó el Director del GPS.

Otro de los reclamos de los californianos que vendieron sus títulos es el reasentamiento en sus predios, especialmente los que están en la bocamina.

Si bien Minesa tiene $82.000 millones para ese programa, proyecta invertirlos pero para evaluación y seguimiento y pagando los terrenos a precio de lonja de propiedad raíz pese a que su valor comercial se sale de los parámetros convencionales, explicó Maldonado.

“Desafortunadamente la servidumbre minera es forzosa y eso favorece a Minesa en caso que un propietario de predio no quiera vender”, advirtió.

Y mientras se dan estas expresiones de descontento, la multinacional árabe se ha abstenido a referirse a este tema.

En su cuenta de Twitter publicó este martes cinco trinos sobre las "bondades" de su proyecto y el programa de coexistencia minera, mensajes con los que trata de ganarse la confianza perdida de las comunidades de Soto Norte.

Lo cierto es que mientras para director de GPS, Fabio Maldonado se acabó el relacionamiento social de Minesa y “no hay quién defienda a esta empresa” en esta provincia, para el excandidato a la Alcaldía de Vetas, Hernán Bautista Moreno, “si estas empresas no le aportan en nada al desarrollo de los municipios, yo sería el primero en decirle no a la minería a gran escala y sí a continuar respaldando a nuestra minería artesanal que lleva más de 400 años”.

Foto: Suministrada / Ecolecuá